El Blog del Derecho de Familia

13/12/2010

Sobre la atribución del uso de la vivienda familiar en la nueva legislación catalana

Este segundo post sobre la nueva regulación del Derecho de Familia que entrará en vigor el próximo dia 1 de enero de 2011 lo voy a dedicar a las novedades o cambios que se daran en cuanto a la atribución de uso de la vivienda familiar. El primer y principal criterio de atribución será el acuerdo de los interesados, bien sea previo o posterior al matrimonio. El Juez solo acordará una atribución de uso si alguna de las partes lo solicita, y no va a ser una atribución “automática” para aquel que vaya a quedar con la custodia de los menores, y ello es lógico cuando la nueva regulación establece que el criterio preferente acerca de la custodia será el de custodia compartida.
La atribución del uso de la vivienda se considera una contribución en especie a los alimentos de los hijos así como a la eventual pensión compensatoria y se entiende como una forma de satisfacer “in natura”, una necesidad de vivienda de los hijos y/o cónyuge. Por ello, ahora se podrá cubrir esta necesidad con segundas residencias o otras propiedades del deudor, siempre que resulten idóneas para ello, pensando así en su proximidad al colegio, entorno de los hijos,etc..

Las segundas residencias no son objeto de atribución de uso como tales, ya que se trata de cubrir una necesidad de techo de los menores y de uno de los cónyuges.

Habitualmente la atribución irá principalmente ligada a la guarda de los menores, puesto que los menores son siempre el interés más digno de protección, pero esa atribución puede darse al no guardador si el otro conyuge tiene opción a cubrir la necesidad de vivienda y el no guardador no tiene esa capacidad. Este criterio de tener opción o no a cubrir dicha necesidad se verá reflejada más significativamente cuando se de un reparto equilibrado de las estancias de los menores con cada uno de los progenitores, por cuanto que, no existirá de este modo, un domicilio más habitual que el otro. En todo caso, la atribución del uso de la vivienda se realizará preferentemente por la situación de necesidad y, en cualquier caso, será limitada en el tiempo. El art. 233.21 nos proporciona unos criterios correctivos a la atribución que contemplan que no se de la atribución si el que resultaría beneficiario de la misma tiene medios suficientes para obtener una vivienda a pesar de que tenga atribuida la guarda preferente o bien cuando el que debería ceder el uso pueda asumir alimentos en una cuantía sificiente que permita soportar las necesidades de vivienda de los hijos.

El uso cedido por terceros, como ya se ha visto en algunas sentencias recientemente, es un precario y finaliza cuando el cesionario reclama el bien. Por tanto, és un uso que puede ser atribuido pero que acabará cuando se reclame el bien.

El art. 233.23 nos deja clarificado que las obligaciones y gastos propios de la titularidad de un inmueble van a seguir los criterios propios del usufructo, siguiendo así el criterio establecido en muchas sentencias. Por tanto, los gastos ordinarios como IBI y comunidad ordinaria van a ser a cargo de aquel que tenga el uso del inmueble, mientras que los gastos extraordinarios (derramas especiales) serán con cargo al título de propiedad. Evidentemente, las cuotas hipotecarias van a cargo de la titularidad por los porcentajes de la misma.

La atribución del uso tiene unos criterios de extinción que nos recoge el art. 233.24 y que son: el final de la guarda, el vencimiento del plazo por el que se ha establecido, la mejora en la situación del beneficiario, el empeoramiento de la situación del cesionario o el matrimonio o convivencia marital del beneficiario.

Este último criterio, el de la extinción por convivencia o matrimonio, se acerca también mucho a la situación que viene convirtiendose en habitual, de nueva convivencia del beneficiario en el domicilio que fuere familiar, mientras que el otro copropietario está satisfaciendo hipoteca y gastos sin poder hacer uso de la vivienda, y de lo que se beneficia un tercero ajeno a la propiedad, y sobre el cual no tiene obligación alguna de facilitar un techo.

Anuncios

05/04/2010

Cuando un colegio se ve involucrado en un divorcio…

 Pues si, los colegios y otros centros educativos se ven involucrados en los divorcios en tanto que deben modificar sus formas de hacer hasta hace poco “habituales” por formas más cercanas a la realidad y como no, a la legalidad. Ambos progenitores tiene el mismo derecho a ser informados de todo aquello que tiene que ver con sus hijos en el ámbito educativo, como en el sanitario. Son cuestiones ambas que conforman la patria potestad de forma que, el hecho habitual de informar a la familia de forma unitaria ahora debe modificarse en el sentido que, habiendo sido advertido el centro de que existe un divorcio o separación, o  lo que sea, es decir, que cuando los progenitores lo indiquen así, el colegio deberá ofrecer la información que se produzca a AMBOS PROGENITORES .

Del mismo modo, entiendo que para matricular a un menor en un centro, deberá solicitarse por el centro en cuestión la autorización de AMBOS PROGENITORES de forma expresa.

En todo caso aquí va una reseña de sentencia . http://bit.ly/afk9fL

25/01/2010

El cambio de residencia del menor: decisión conjunta de patria potestad.

 

Previo a la crisis familiar, son ambos progenitores los que eligen el domicilio familiar, y con ello, la residencia del menor. Con la crisis, ya sea por la vía del convenio o por la decisión en la sentencia, se establece cual será en adelante el domicilio (o domicilios si la custodia es compartida) del menor.

CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO AFECTARÁ A ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA VIDA DEL MENOR, ya que puede comportar un cambio de escuela, de entorno social, a sus relaciones con uno de los progenitores o incluso de idioma y costumbres.  Estos cambios entran dentro de la esfera del ejercicio de la patria potestad y por ello deben ser consensuados.

Una decisión de cambio de domicilio del progenitor custodio no puede ser NUNCA unilateral ya que afecta de forma manifiesta al ejercicio de la patria potestad de ambos y normalmente supondrá una quiebra del status que se ha fijado por un convenio o por una resolución judicial en la que se han fijados unas medidas  de régimen de custodia y visitas afectantes a los menores.

Un cambio unilateral de domicilio vulnera los derechos del otro progenitor y del propio menor en orden al mantenimiento de una relación fluida y frecuente con aquel otro progenitor, y tales contactos son un factor de decisiva importancia para el desarrollo emocional del menor. Un cambio de domicilio afecta a la vida del menor y a sus relaciones con el  progenitor que no pretende el cambio.

Un cambio de residencia, además, puede necesitar un cambio de escuela, y como ya he referido más arriba, la elección de centro escolar es también una decisión CONJUNTA

Erróneamente se cree que el “progenitor custodio”  tiene una potestad sobre el menor de mayor grado que el no custodio, cuando AMBOS tienen el mismo valor para el menor, están al mismo nivel y tienen los mismos derecho y deberes y facultades en relación al menor.  Permitir un cambio de residencia unilateral supondría privar de facto a uno de los progenitores del derecho a decidir sobre el menor y se impondría una situación de hecho que alteraría su sistema de visitas y la forma de relación con los hijos menores. Además, como el régimen de visitas y el domicilio del menor vienen determinados por una resolución judicial o convenio, un cambio unilateral supondría poner al otro progenitor en una situación de imposibilitarle relacionarse con sus hijos y, con ello, un incumplimiento de las medidas acordadas.

 Se nos puede plantear aquí el derecho a la libre circulación y establecimiento de domicilio que tiene cada uno de los progenitores, que no se niega, pero el traslado de menores bajo custodia no es algo que admita decisiones unilaterales o automáticas, y en caso de discrepancia deberá acudirse al Juez , puesto que además, puede ser necesario establecer un nuevo sistema de visitas  y en general unas nuevas medidas en relación a los hijos.

Por ello, la intención o traslado del menor puede suponer el cambio de custodia si en el procedimiento correspondiente se acreditara que dicho traslado puede ser perjudicial para el menor.

 Finalmente, como ya referí, el Codi de Familia de Catalunya es claro y tajante al respecto: se necesita el consentimiento expreso o tácito del otro progenitor para decidir el tipo de enseñanza y para variar el domicilio del menor de forma que lo aparte de su entorno habitual.

19/01/2010

Las decisiones NECESARIAMENTE conjuntas sobre los menores

 

Patria Potestad: Las decisiones necesariamente conjuntas

 Como tercera entrega acerca del alcance de la custodia voy a referirme ahora a las decisiones que DEBEN TOMARSE CONJUNTAMENTE POR AMBOS PROGENITORES, en tanto en cuanto integran la Patria potestad que es compartida.

 1)      Cambio de residencia del menor

2)      Elección o cambio de centro escolar

3)      Formación religiosa y celebración de actos de tal índole.

4)      Elección o cambio de profesionales médicos y psicólogos.

5)      Gastos extraordinarios.

En esta entrada detallaré sobre las reseñadas del 3 al 5 y dejando para el siguiente las referentes a centro escolar y residencia, por su extensión y quizás, mayor complejidad.

Gastos extraordinarios: Como habitualmente los gastos extraordinarios  van a ser soportados económicamente por ambos progenitores por mitades, obvio es que dichos gastos sean acordados conjuntamente por ambos ya que afectarán a la economía  de cada uno de los progenitores. No sería justo que uno de los progenitores aprobara un gasto extraordinario de tal importe que el otro no pueda soportar económicamente su parte correspondiente.

 Elección o cambio de profesionales médicos y psicólogos:  El profesional médico o psicólogo deberá recabar la autorización de ambos progenitores para intervenir  sobre el menor, no pudiendo iniciar un tratamiento si no cuenta con dicha autorización.  Además, ambos progenitores pueden obtener información sobre la salud en relación a sus hijos. Tanto los profesionales de la medicina, como psicólogos DEBEN facilitar a AMBOS progenitores toda la información que éstos soliciten relativa a sus hijos.

Formación religiosa: Como esta es una opción de formación, deben estar de acuerdo ambos progenitores en la formación que en tal sentido se vaya a dar a los menores. Ambos progenitores podrán acudir a los actos y celebraciones religiosas de los menores independientemente de la fecha en la que se celebren.

Como ya he referido en entradas anteriores de este blog, cuando no hay acuerdo entre ambos, deberá  solicitarse la intervención del Juez, en un procedimiento de Patria Potestad.

…seguimos con residencia y centro educativo en la próxima entrada.

10/01/2010

¿Hasta dónde llega la guarda y custodia?

 

¿Hasta dónde alcanza la guarda y custodia?

 La guarda y custodia (o custodia para ser breves) se podría definir como el hecho de tener físicamente la compañía del menor, cuidarle, atenderle, ser responsable de lo que le ocurra y de sus actos. Ambos progenitores tienen a los menores bajo su custodia cuando les tienen en su compañía.

 Cuando en una sentencia o convenio se refleja que se otorga la custodia de una menor a uno de los progenitores, lo que nos está diciendo es que el menor convivirá habitualmente con uno de los progenitores, y que se relacionará con el otro de una forma y en unos tiempos determinados (régimen de visitas). Por lo tanto, pasará más tiempo en compañía de uno de los dos. Pero el poder de decisión sobre las cuestiones que afecten a los menores, los derechos y deberes de los progenitores hacia los hijos no forman parte de la custodia sino que conforman la PATRIA POTESTAD, y ésta, genéricamente, es de titularidad y ejercicio conjunto de los dos progenitores.

 Existe una creencia social errónea sobre el poder de decisión que tiene el progenitor custodio sobre los hijos, que tener la custodia significa tener un poder de decisión superior o absoluto sobre el menor, privando al otro progenitor del derecho a decidir sobre el menor. Y NO ES ASÍ. La custodia NO ES un STATUS DE PRIVILEGIO de un progenitor frente al otro. La custodia se refiere a la convivencia y no implica titularidad de ningún otro derecho.

 Las decisiones sobre el menor quedan intocadas en tanto en cuanto la PATRIA POTESTAD se mantiene compartida. Por lo tanto, las decisiones sobre el menor serán CONJUNTAS. Si no hay acuerdo entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al Juez, en procedimiento de Patria Potestad y éste, tras escuchar a ambos progenitores, y al hijo si tuviera suficiente juicio, y, en todo caso, si es mayor de 12 años, atribuirá, sin ulterior recurso, la facultad de decidir sobre la cuestión concreta, al padre o a la madre.

 La custodia permite tomar decisiones unilaterales por parte del progenitor que la tiene en cada momento (recordemos que custodia, en efecto, es convivencia, y que cuando los menores están disfrutando de la compañía del progenitor “que tiene régimen de visitas” están bajo la custodia de éste), pero se trata únicamente de decisiones ordinarias en la vida del menor, los actos que, de acuerdo con el uso social y las circunstancias, pueden ser adoptadas por el progenitor en compañía del que se encuentren en aquel momento.

 ¿Cuales son, pues, las decisiones que forman parte de la patria potestad, y, por lo tanto, para las que se requiere el acuerdo de los dos?

 Nos guiaremos aquí por el artículo 139 del Codi de Familia de Catalunya que nos dice que es necesario el consentimiento expreso o tácito del otro progenitor para decidir el tipo de enseñanza, para variar el domicilio del menor de forma que se le aparte de su entorno habitual y para disponer de su patrimonio más allá de lo necesario para atender a sus necesidades ordinarias. Se entenderá tácitamente otorgado el consentimiento si ha transcurrido el plazo de 30 días desde la notificación que se realice con la finalidad de obtenerlo sin que el progenitor no manifieste su desacuerdo, tal y como establece el art. 138 del mismo Codi.

 Por lo tanto, poniendo en común cuanto refiere el Codi de Familia, con el Código Civil y la jurisprudencia, se entienden como decisiones conjuntas, que forman y están integradas en la PATRIA POTESTAD y que, por lo tanto, no puede tomarlas uno solo de los progenitores, las que se refieren al lugar de residencia del menor, al centro educativo, las que comporten gastos extraordinarios, las relativas a actos o celebraciones religiosas, las de seguimiento de fiestas y actividades de los hijos, así como las relativas a asistencia médica y/o psicológica, tratamientos y elección de los profesionales correspondientes.

En el próximo post entraré a detallar sobre algunas de estas decisiones.

Blog de WordPress.com.